Precios de transferencia y reglas de independencia para dictaminadores

En fechas recientes ha causado controversia el tema de la independencia que el contador público registrado (“CPR”) debe observar por los servicios prestados a clientes de los cuales tambien es responsable de emitir una opinion al dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales.

Y es que Precios de transferencia no es la excepción; se trata de un área en la que es cada vez mas común encontrar asesores y expertos en la materia por lo que resulta importante conocer las disposiciones vigentes sobre estos lineamientos y concluir si este tipo de servicios pudieran ser llevados a cabo por parte del CPR y/o su equipo de trabajo o bien si existieran impedimentos por temas de independencia profesional.

Independencia Profesional

Es así como al revisar las disposiciones contenidas en el artículo 67 del Reglamento al CFF, encontramos lo siguiente (énfasis añadido):

“Para los efectos del artículo 52, fracción II del Código, el contador público registrado deberá cumplir con las normas de auditoría vigentes a la fecha de presentación del dictamen o la declaratoria y no tener impedimentos para realizarlos.

El contador público registrado estará impedido para formular dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes, dictámenes de operaciones de enajenación de acciones, declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, por afectar su independencia e imparcialidad, en los siguientes casos:

VIII. Proporcione directamente o a través de un socio o empleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que el contador público preste sus servicios, adicionalmente al de dictaminar estados financieros, los servicios de:

d) Preparación de avalúos o estimaciones de valor que tengan efectos en registros contables y sean relevantes, en relación a los activos, pasivos o ventas totales del contribuyente a dictaminar;

IX. Asesore fiscalmente al contribuyente que dictamine en forma directa o a través de un socio o empleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que el contador público preste sus servicios, “

La obligación de obtener y conservar documentación comprobatoria para demostrar que los precios o montos de contraprestación fijados en operaciones llevadas a cabo entre partes relacionadas han sido pactados en base a lo que terceros independientes hubiesen acordado bajo circunstancias de negocios similares se encuentra establecida en los artículos 86 fracción XII y XV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”).  Estos artículos son complementados por los artículos 215 y 216 del mismo ordenamiento, con los cuales se aportan elementos para desarrollar de manera adecuada un estudio de precios de transferencia.

Sin embargo, no perdamos de vista que dicha documentación es elaborada ex post, es decir, se preparo despues de que el contribuyente ya habia pactado los precios o montos de contraprestación con sus diferentes partes vinculadas (sean residentes en México y/o en el extranjero).

Luego entonces, el rol que tiene cualquier asesor en materia de precios de transferencia que prepara esta documentación comprobatoria es única y exclusivamente validar que las relaciones económicas y de negocios entre las personas involucradas han sido llevadas a valores de mercado, y de ninguna forma se presentan avalúos o estimaciones de valor sobre operaciones que aun no han sido efectivamente realizadas (ex ante).

Considero entonces que la diferencia fundamental entre un estudio de precios de transferencia y un avalúo, es precisamente el tema de la temporalidad.

El efecto que estas partidas intercompañía tendrá en los registros contables dependerá del número y montos de dichas operaciones realizadas en el ejercicio fiscal a analizar en relación con el total de las operaciones llevadas a cabo por el contribuyente y no tanto en alguna mecánica que el asesor en materia de precios de transferencia pudiese desarrollar como resultado de sus análisis económicos.

Inclusive, al observar los tiempos en que se prepara la documentación comprobatoria definitiva de precios de transferencia, en todos los casos los reportes se entregan una vez que el contribuyente ha cerrado sus libros para efectos contables (derivado de la obligación de presentar dichos análisis basados en cifras que sean consistentes con las reportadas por el equipo de auditoría con fundamento en el artículo 216 de la LISR), por lo que en el eventual caso de un ajuste en materia de precios de transferencia (que no necesariamente se da para todos los contribuyentes en todos los ejercicios), el reconocimiento de las diferencias entre el valor pactado y el de mercado se llevaria a cabo mediante una partida fiscal dentro de la conciliación del ejercicio.

Sin duda un efecto en ISR (derivado de un eventual ajuste en precios de transferencia) impactará directamente el reporte de los estados financieros y su correspondiente registro contable por lo que habria que revisar el origen de dicha situación, la cual no fue monitoreada de forma adecuada por el contribuyente o quizas simple y sencillamente los montos de contraprestación no fueron acordados a valores de mercado desde un inicio, lo cual definitivamente no será algo en lo que el asesor de precios de transferencia haya tenido injerencia alguna en cuetion de que no es parte de su labor el supervisar las relaciones comerciales entre agentes vinculados.

El punto que quizás causa mayor controversia seria en el caso en que se asesora fiscalmente al cliente, como pudiese ser en servicios de planeación en materia de precios de transferencia (ex ante).  Al respecto, considero conveniente resaltar el rol que tiene el asesor en materia de precios de transferencia en las operaciones de planeación.

Si bien es cierto que el resultado final pudiese ser una estrategia para optimizar la carga tributaria de una o mas empresas dentro del grupo multinacional, finalmente es solo una sugerencia que el contribuyente decide implementar o no de manera propia, por lo que aunque el asesor la desarrolla no la implementa de manera directa y arbitraria dentro de la compañía.

Derivado de lo anterior, pudiese darse el caso en donde se desarrolló un plan de reingeniería fiscal para efectos de adelgazar las estructuras y cargas fiscales de cierto grupo multinacional, pero si no fue implementado por distintas razones, entonces jamás tendría que ser revisado y validado por el mismo CPR.

Finalmente, la legislacion mexicana no establece, de manera clara, restricción alguna para el CPR sobre llevar a cabo trabajos de cumplimiento y/o planeación en materia de precios de transferencia, sobre todo cuando los análisis concluyen de manera directa que las operaciones están a valores de mercado.

Por lo anterior resulta prudente sugerir que en la aplicación de criterios y la implementación de estrategias de negocios – donde el tema de independencia pudiese resultar significativo – el seleccionar dos o mas firmas para esta tarea es la mejor opción, aprovechando al máximo las aportaciones y experiencia de todos los especialistas involucrados, tanto de la parte que propone el desarrollo de las diversas metodologías, como de la parte que apoye al CPR al momento de llevar a cabo la revisión.

Ricardo Cruz

Licenciado en Economía por el Tec de Monterrey
Cuenta con estudios de Maestría en Impuestos y Finanzas.
Presidente de la Comisión de Precios de Transferencia del ICPNL.
Gerente Senior en Ernst & Young
Miembro de Anafinet

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One Response to “Precios de transferencia y reglas de independencia para dictaminadores”
  1. Fernando Ortiz says:
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