La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos

CorrupciónLa relación entre los ciudadanos y los funcionarios públicos es constante ya que requerimos hacer gestiones ante ellos, y a su vez, éstos requieren de ejercer sus facultades, siendo bastante común y frecuente que los funcionarios públicos no cumplan (o lo hagan mal) con las funciones que les son propias.

Ante esto, es importante que los ciudadanos sepan que hay herramientas legales para quejarse de los funcionarios públicos e incluso es motivo para presentar denuncias por la posible comisión de delitos por parte de éstos.

A nivel federal, la ley que regula la conducta que deben seguir los funcionarios públicos se denomina “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” y contiene entre otros aspectos los siguientes:

  1. Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público;
  2. Las obligaciones en el servicio público;
  3. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público;
  4. Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones,  y
  5. El registro patrimonial de los servidores públicos.

Todo funcionario público debe conducirse bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así mismo debe cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 8 de la citada ley, entre las que se encuentran:

  • Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.
  • Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.
  • Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
  • Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI.
  • Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

Dentro de cada dependencia o entidad del gobierno existe una unidad administrativa denominada “órgano interno de control” y es el encargado, entre otros aspectos,  de recibir las quejas contra los funcionarios públicos.

Las sanciones previstas para los funcionarios son:

  • Amonestación privada o pública,
  • Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año,
  • Destitución del puesto,
  • Sanción económica e
  • Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

El escrito de queja es sencillo e inclusive, en la mayoría de los casos puede presentarse vía electrónica en las páginas de internet de cada dependencia.

Una vez presentada la queja, se cita al funcionario para que rinda su declaración, después de la audiencia, se le conceden 5 días para ofrecer alegatos y pruebas en su favor y, pasado este plazo se dictará la resolución correspondiente en la que se determine, la no responsabilidad o la responsabilidad y la sanción aplicable dependiendo del caso.

Es importante saber que la queja es contra el funcionario en lo particular por lo que éste debe comparecer y defenderse por su cuenta lo cual genera gastos de abogados, viáticos para acudir a la audiencia y luego para presentar las pruebas y alegatos, pero sobre todo pone en riesgo su trabajo e inclusive su patrimonio si es que se le impone una sanción económica que debe pagar de su bolsillo personal.

Por todo lo anterior es que todo funcionario teme enormemente la presentación de una queja ante contraloría sin embargo no existe en nuestro país una cultura de la “queja” y los funcionarios libremente infringen la ley o incumplen con su trabajo sin consecuencias para ellos, por lo cual se fomenta su ineficiencia.

La mayoría de las personas temen presentar las quejas por posibles represalias, que en la realidad no se concretan porque cuando una persona se defiende, se le respeta y generalmente cuando  el mismo u otro funcionario que lo atiende sabe que ese ciudadano “no se deja” cambia de actitud y mejora su atención, precisamente por temor a ser sujeto al procedimiento disciplinario antes precisado.

Licenciada en Administracion de Empresas y en Derecho.
Asesora Empresarial en Materia Fiscal.
Directora de QB Asesores Fiscales

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